ANAC advierte que nueva exigencia pone en riesgo la importación de vehículos y neumáticos nuevos
La problemática deriva del Decreto Supremo N°8/2019 MMA, que regula al neumático como producto prioritario de la economía circular, bajo la Ley REP.
Si no se cuenta con sistema de gestión debidamente autorizado a partir del 20 de enero -lo que aparece inviable al día de hoy, porque todavía no hay ninguno de carácter colectivo facultado para operar- se podría frenar la internación de al menos 335 mil automóviles, 12 mil camiones, tres mil buses y más de seis millones de neumáticos para reposición.
A contar del 20 de enero de 2023, la importación de todo tipo de neumáticos nuevos, incluyendo a los camiones, buses, automóviles, vehículos y maquinarias que cuenten con neumáticos montados, corre el serio riesgo de paralizarse, de mantenerse en vigencia la nueva exigencia del Servicio Nacional de Aduanas que deriva de un Decreto Supremo del Ministerio del Medio Ambiente (DS N°8/2019 MMA), que para la internación de estos productos requerirá una declaración jurada que acredite que el importador cuenta con un sistema de gestión autorizado para reciclarlos. Ello en el marco de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) que, de manera inédita, ha exigido dicho requerimiento que no existe para otros productos prioritarios (tales como envases y embalajes, que ya cuentan con una regulación propia) y que produce una sobrerregulación innecesaria pues la propia Ley incorporó multas y sanciones para el caso de no contar con un sistema de gestión debidamente autorizado.
La Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC A.G.) advierte que será inviable cumplir con dicho requisito reglamentario, dado que al día de hoy no existe ningún sistema de gestión colectivo operando sino sólo algunos sistemas “individuales” a los cuales este sector no puede acceder, ya que la normativa medioambiental ha limitado seriamente su ámbito de acción a una marca específica, existiendo multiplicidad de marcas tanto para vehículos como para maquinarias y neumáticos. Es más, al día de hoy, aún no hay alguno que haya cumplido siquiera el primer trámite que es contar con la autorización del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
Luego del pronunciamiento del TLDC, estas entidades colectivas deben solicitar la personalidad jurídica ante el Ministerio de Justicia y posteriormente deben presentarse ante el Ministerio del Medio Ambiente, y sólo entonces se podrán montar las estructuras jurídicas y societarias que organicen la recolección responsable de los residuos de neumáticos. “Estamos hablando de varios meses o incluso todo 2023 para que estos sistemas puedan nacer, autorizarse y operar. No olvidemos que son procedimientos administrativos nuevos que fueron diseñados en un reglamento de 2019, previo a la pandemia, y que tomarán tiempo para crearlos, siendo que todo el sector afectado está trabajando en poder cumplir con estas exigencias”, explica Diego Mendoza, secretario general de ANAC.
Y si no se cuenta con un sistema de gestión colectivo autorizado, los importadores de vehículos y de neumáticos no podrán llenar la declaración jurada que exigirá Aduanas a partir del 20 de enero, deteniendo con ello la internación de al menos 335 mil automóviles, 12 mil camiones, tres mil buses y más de seis millones de neumáticos, es decir, la venta completa de estos bienes prevista para 2023.
A ello se agrega el colapso que podría acarrear esta situación en los puertos al no poder desembarcar estos productos, así como el consiguiente perjuicio para el Fisco, que ascendería a US$1.700 millones por concepto de IVA que no se recaudaría y de al menos US$120 millones por impuesto verde que se dejaría de percibir.
ANAC junto a Chile Neumáticos A.G. y la sociedad EcoNeu -que busca ser uno de los sistemas de gestión colectivo- ya han transmitido su preocupación a Aduanas y al Ministerio de Hacienda para lograr una solución, pero aún no han logrado reunirse con el Ministerio de Medio Ambiente (MMA), último responsable de actualizar la norma.
La cartera recién les dio audiencia para el 2 de diciembre en que se trataría esta materia, pese a su gravedad. “Hacemos un llamado urgente a las autoridades del MMA a acelerar el cambio de la normativa, porque de no solucionarse antes del 20 de enero, traerá graves perjuicios a la movilidad, logística y, en definitiva, a la actividad económica de todo el país“, agregó Diego Mendoza.
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