ANIM: Chile tiene más leyes de tránsito que escuelas de manejo para motos
El gremio plantea que fortalecer la formación a través de escuelas de conducción especializadas es clave para que las políticas de seguridad vial logren reducir efectivamente la accidentabilidad en el país.
El crecimiento sostenido de las motocicletas como medio de transporte en Chile no ha tenido un correlato en la formación de quienes las conducen. Esa es la advertencia que lanza la Asociación Nacional de Importadores de Motocicletas (ANIM), que apunta a la escasez de escuelas de manejo especializadas como la principal brecha estructural del sistema de seguridad vial en el país.
“El país tiene una deuda evidente en materia de formación. Hoy existe una oferta muy limitada de escuelas de conducción para motocicletas, lo que contrasta con el crecimiento sostenido de este medio de transporte”, señala el gremio que agrupa a los principales actores del sector en Chile.
Para ANIM, el debate público sobre seguridad vial ha estado demasiado centrado en restricciones y normativas, dejando en segundo plano un factor igual de determinante: que los conductores lleguen a la calle con una formación sólida. A juicio del gremio, sin una política pública activa que fomente la creación y certificación de más escuelas especializadas -con estándares técnicos claros y cobertura territorial real-, las medidas regulatorias tendrán un impacto limitado.
Formar para proteger
Desde la asociación son enfáticos: la seguridad vial es un sistema, y la formación es su columna vertebral. “Si queremos mejorar la seguridad de manera sostenible, debemos formar mejor a los conductores desde el inicio. Más y mejores escuelas de manejo no son un complemento, sino una condición habilitante para cualquier política pública sería en esta materia”, afirman.
La advertencia cobra relevancia en un contexto donde las motocicletas representan ya una fracción significativa del parque vehicular nacional, con alta presencia en sectores como el delivery, el transporte urbano y la movilidad en zonas rurales y periféricas donde el transporte público escasea.
En paralelo, ANIM se pronunció sobre la denominada Ley Jacinta, que introduce nuevas exigencias en materia de seguridad vial. El gremio valoró sus avances: la prohibición de trasladar menores de 12 años en moto, el refuerzo de requisitos médicos para obtener licencia y la ampliación de la cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) de 600 UF en caso de muerte o invalidez.
Sin embargo, también plantearon reparos. “Valoramos que exista un foco en la protección de los más vulnerables, pero también creemos que la regulación debe construirse con criterios técnicos y considerando la realidad de miles de trabajadores y familias que utilizan la moto como medio de transporte diario”, señalaron.
Para el gremio, la seguridad vial no se construye solo con prohibiciones: requiere educación, equipamiento adecuado y normas que sean efectivamente aplicables en el contexto local.
Lo básico primero
Más allá del debate regulatorio, ANIM también llamó a los motociclistas a cumplir con las obligaciones básicas: licencia clase C vigente, permiso de circulación, SOAP, revisión técnica y padrón al día.
“Tener la moto en buen estado no es suficiente. La documentación vigente es igual de clave. No portarla puede implicar multas, la retención del vehículo y, en caso de accidente, complicaciones legales y de cobertura de seguros”, advirtieron.
Un SOAP más justo
Finalmente, el gremio reiteró su llamado a avanzar hacia un sistema de seguros más equitativo, cuestionando los criterios actuales con que se calcula el SOAP para motos.
“El SOAP está diseñado para proteger a las personas, no al tipo de vehículo. Por ello, creemos necesario revisar los criterios actuales para que reflejen el riesgo efectivo y no generen distorsiones que perjudiquen a quienes más dependen de este medio de transporte”, concluyeron.
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